Analizando distintas definiciones al respecto, podríamos decir que las Políticas Públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que un gobierno lleva a cabo para solucionar los problemas que en un determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.
Observamos entonces que las políticas son mucho más que programas o proyectos y que están íntimamente vinculados a aquellos temas que alcanzan mayor sensibilidad social o que por distintas razones ingresan con más facilidad a las agendas de gobierno.
Todas estas palabras pueden resultarnos extrañas al momento de pensar en nuestras iglesias y en su participación concreta tratando de influir para alcanzar cambios en nuestra sociedad, sin embargo, por participación o por omisión participamos de estos procesos decisorios en nuestras ciudades, provincias y Nación en general.
Intentaremos a partir de aquí, visualizar cuáles son los distintos momentos en los procesos de toma de decisión para así comprender también las distintas oportunidades de influencia o participación real que como iglesias tenemos en el mismo.
Las políticas públicas constituyen un ciclo con distintas fases que ayudan al análisis de las mismas. Básicamente es un proceso que va desde la identificación o definición de un problema, pasando por la adopción de una política al respecto, su implementación y su evaluación.

Para este artículo simplificaremos el proceso en cuatro momentos:
El conocimiento de estas fases nos ayuda a definir con claridad en qué momentos y en qué forma podemos incidir.
Hay distintas razones que hacen que un problema social alcance mayor visibilidad que otro, o bien mayor tratamiento político que otro. En algunos casos se construye directamente sobre la base de un proceso de investigación, en otros a partir de la evaluación de las políticas y los programas en funcionamiento y en otros por la presión de algunos sectores, (mayoritarios o minoritarios) interesados en un tema particular.
Uno de los ejemplos más cercanos y conocidos sobre esta última modalidad ha sido en los últimos años: la ley del Hambre más urgente, avalada por millones de firmas y con el respaldo de los medios de comunicación.
La determinación o construcción del problema no es suficiente, recién podemos considerar que tiene algún peso de consideración cuando pasa a ser parte de la agenda institucional (o política).
Para esto hay que tener en cuenta toda una serie de factores que intervienen tales como: el poder de grupos de interés, el peso de la tradición, la actitud y los valores de los decisores, la influencia de los medios de comunicación, la competencia política, etc.
Esto resulta fundamental a la hora de querer instalar un tema para que su tratamiento finalmente se transforme en una ley, un proyecto o una acción judicial o una política pública.
Como iglesias debemos aspirar a llegar a este nivel de decisiones ya que son estas las que producen cambios significativos en la sociedad, pero para ello debemos comenzar por entender la importancia de instalar UN TEMA: fundamentarlo, avalarlo, difundirlo, seguirlo, movilizarlo, buscar personas y grupos que lo apoyen, etc.
La fuerza de la unidad es uno de los componentes más fuertes al momento de hacer que un tema “del Reino de Dios” sea de interés para la agenda de los gobernantes. Más adelante consideraremos en particular las herramientas que nos pueden ayudar para esta finalidad.
Este es el momento en que una política toma forma visible, ya sea por medio de un programa social, la elaboración de un proyecto de ley y su aprobación o bien la reglamentación de una ley ya aprobada.
Quizás el ejemplo más cercano que podemos mencionar es la actual ley de voluntariado que habiendo sido ya aprobada por el Poder Legislativo y siendo de gran importancia para nuestras iglesias, aún no ha sido reglamentada, lo cual hace que aún no pueda instrumentarse.
Aquí la tarea es entonces acercarse por medio de las distintas herramientas con que cuente la iglesia, a la posibilidad de participar en la elaboración de un `programa social, basado por ejemplo sobre las pautas bíblicas de justicia y transparencia que Dios demanda. O presentar ante algunas de las comisiones del Poder Legislativo (nacional, provincial, etc.) un proyecto de ley sobre un tema que la iglesia considere de fundamental importancia, como podría ser una ley antitabaco, u opciones a leyes tales como la de salud reproductiva, o una ley de igualdad religiosa, o que apunte a resguardar los derechos de poblaciones vulnerables, como la indígena o los menores, etc.

¿Podemos como iglesia hacer esto? Claro que sí. Pero, ¿nos tomarán en cuenta? Depende de:
A pesar de que una ley sea aprobada y aún reglamentada (por ejemplo, la del Hambre más Urgente) o una política social sea diseñada por medio de distintos programas (como, por ejemplo, el Jefes y Jefas de Hogar) esto, como todos sabemos, no garantiza su correcta implementación.
Tristemente en nuestro país conocemos la experiencia del clientelismo político, el desvío de fondos en el traspaso desde la nación, la provincia y los municipios y aun la malversación de fondos sociales o de leyes mal aplicadas, para beneficiar a distintos grupos de presión.
Muchas iglesias en los últimos años han sido beneficiadas con programas sociales (FOPAR, IDH, PROAME, Jefes y Jefas de Hogar, PROMIN, etc.) y el primer desafío que es necesario remarcar es la importancia de comenzar por casa en la correcta y justa implementación de estos proyectos.
Pero avanzando un paso más nos encontramos con que el Señor ha abierto en estos años la puerta de participación en los Consejos consultivos, como una instancia clara y concreta de trabajar por una instrumentación justa y transparente de los distintos proyectos sociales en cada municipio, y provincia, en este caso ya no solamente aquellos de los que hemos recibido fondos, sino de los distintos programas sociales de nuestra ciudad.
¿Participamos los cristianos de estos Consejos? Por supuesto que sí y, ¿cuál es el desafío entonces? Trabajar para establecer los principios del reino de Dios y no para beneficio personal de la congregación representada.
A continuación, desarrollaremos con mayor detalle el tema de los Consejos consultivos.
Otra instancia en este ciclo de las políticas sociales es la evaluación o monitoreo de las mismas, que muchas veces lleva a revisar aquellas cosas que deben modificarse.
Desde hace dos años a la fecha y con el apoyo de distintos organismos financieros internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas las iglesias están desarrollando en diversos puntos del país un monitoreo (control, seguimiento) por medio de encuestas a los beneficiarios y a otros actores de la sociedad para evaluar el funcionamiento y la efectividad de los distintos programas sociales impulsados desde el Estado.
Si bien este desafío aún está en sus primeros pasos, si una iglesia o red de iglesias en una localidad puede llevar adelante este tipo de evaluación, la misma contribuye a mejorar o modificar la instrumentación de determinados programas sociales, para que sirvan verdaderamente a las necesidades de las personas.
Es el sistema mediante el cual se presenta un proyecto de medida gubernamental por vía de petición, acompañado por la firma de un número determinado de ciudadanos.
Puede contener una propuesta general o un proyecto de ley específico.
Si no es considerada la iniciativa, debe convocarse al electorado para que exprese su opinión; de ser afirmativa, la medida deberá ser aprobada por los gobernantes.
Es un encuentro formal entre la población y los gobernantes para tratar un tema en particular, ya sea un proyecto de ley, una autorización municipal, u otra decisión que deban tomar las autoridades.
Su finalidad es promover y facilitar la comunicación entre los gobernantes y la comunidad.
Desde el punto de vista legal, los comentarios y observaciones que expresen los participantes en la audiencia no son vinculantes.
En algunos casos, los funcionarios sí están obligados a justificar su decisión y a explicar por qué decidieron apartarse de lo manifestado en la audiencia.
.
El presupuesto participativo es un mecanismo que consiste en la instrumentación de herramientas de consulta a la población, para determinar prioridades en los gastos, de los recursos, dónde y cuándo realizar las inversiones y los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno.
El ámbito municipal es el más adecuado para la utilización del presupuesto participativo. La participación ciudadana puede tener carácter consultivo o vinculante.